El poder estatal se encuentra restringido por los derechos humanos, esta
aseveración se encuentra en el artículo 1 constitucional que establece que el
Estado, frente a los derechos humanos, asume una doble obligación, la primera
de respetarlos y la segunda para garantizar su libre ejercicio.
La obligación garantista tiene por objeto asegurar, a través de las
dependencias del estado, el ejercicio de los derechos humanos, ya sea
previniendo, investigando y sancionando cualquier violación a los mismos.
La obligación de prevenir: Se trata de medidas jurídicas, políticas y
culturales para proteger los derechos humanos y que las violaciones sean
tratadas como hechos ilícitos. La obligación de investigar y sancionar: Se
trata de una obligación de medios procesales.
El catálogo de derechos humanos en la constitución, lo podemos
desarrollar en derechos humanos individuales, y derechos humanos colectivos.
Los derechos individuales se dividen en civiles y políticos, y los colectivos
en sociales, económicos , culturales y de solidaridad internacional.
Tanto los derechos económicos y culturales, como los de solidaridad
internacional son programáticos, progresivos y graduales. En este sentido la
teoría española dice que para cumplir con los programas del Estado, deben
cumplirse con ciertos aspectos de normativización, como son las políticas
públicas, planes y programas, presupuesto, instancias públicas, acciones de
gobierno, congruencia en el contenido del derecho.
No debemos confundir a los derechos colectivos con los derechos
sociales. La forma en que se garantiza el contenido de esos derechos sociales,
es a través de los mecanismos programáticos.
El catálogo constitucional agrupa los derechos en determinadas
características y algunos de ellos generan derechos para las personas, y esos
artículos son el elenco o catálogo de derechos humanos, sin que eso nos remita
a la literalidad de la ley. Por ejemplo, el artículo 21 constitucional no habla
del derecho a la seguridad pública sino una obligación de la autoridad, en ese
sentido, todas las obligaciones del Estado se traduce en derechos humanos.
La forma en que debemos clasificar los derechos humanos se hace en razón del sujeto al que va
dirigido. La identificación de grupos sociales vulnerables se hace primero
identificando a un grupo social con determinadas características en común, y la
existencia de otro grupo que los vulnera o que los mantiene vulnerados.
Los derechos sociales generan acciones afirmativas en favor del hombre
que generan discriminación positiva. La importancia de la clasificación de los
derechos es la de entender las diferencias en cuanto a los sujetos a los que
van dirigidos los derechos y las diferencias entre ellos.
Dentro de los derechos
individuales civiles, observamos a los referidos a la igualdad, libertad,
seguridad jurídica y propiedad.
Derechos de Igualdad:
La
noción de igualdad está referida a que las situaciones iguales deben ser
tratadas iguales y las desiguales deben ser tratadas desigualmente. En este
sentido hay algunos aspectos a resaltar: i)se deben considerar todas las normas
buscando la que otorga la más amplia protección; ii)la igualdad se refiere a la
creación, evaluación y aplicación de la ley y no a hechos o actos distintos.
Derechos de libertad:
El
derecho a la libertad, tiene la intención de permitir el desarrollo de la
persona de forma absoluta en su crecimiento personal y desarrollo intelectual.
No obstante, esa libertad se encuentra limitada porque vivimos en sociedad y es
preciso la protección de los derechos de terceros frente a la libertad
individual.
Seguridad jurídica:
Un
derecho ligado al principio de legalidad. Se trata de otorgar certeza,
tranquilidad, calma a la persona en el proceso judicial y también en la
ejecución de la sentencia. Por esta razón, en nuestra constitución, el derecho
humano a la seguridad jurídica se encuentra en los artículos relacionados con
la detención ante autoridad judicial en la que se señala el procedimiento que
deberá seguir la autoridad para que se respete su integridad y dignidad, así
como también se señala a la autoridad encargada de imponer penas y multas, y las reglas generales del proceso.
Propiedad:
Consiste
en un derecho que protege la propiedad privada, bajo ciertas limitaciones, como
son restringir el uso, disfrute o disposición de la propiedad, e incluso la expropiación
de las mismas.
Electorales:
Se
refiere a los derechos del ciudadano, primeramente tiene derecho a votar y ser
votados, o bien a ser elegidos para ocupar un cargo de elección popular.
No electorales:
Se
refiere a derechos como los de asociación, para tomar parte de asuntos
políticos, ejercer derecho de petición en materia política, siempre que se haga
por escrito, de forma respetuosa y pacífica.
Respecto a los derechos colectivos en relación con los civiles, no son
jerárquicos y si son exigibles ante cualquier autoridad competente. Los
mecanismos para hacer exigibles a los derechos DESCA son por ejemplo los de
rendición de cuentas y de no regresividad, condicionada a garantizar y respetar
esos derechos. Son derechos dirigidos a la sociedad para procurar mejores
condiciones de vida. El Estado tiene un papel activo sobre este tipo de
derechos pues su deber es de actuar en un sentido de planeación, programación y
legislación para la satisfacción de necesidades y prestación de servicios.
Derechos económicos y culturales:
Tienen
por objeto establecer los términos bajo los que el Estado deberá planear y programar
planes que aseguren los medios para que las personas posean mejores medios para
subsistir y vivir.
Derechos de solidaridad
internacional:
Se
encuentra el derecho a la alimentación, agua, salud y vivienda. Se tratan de
derechos de armonización con la norma internacional, es decir, son el producto
de un ejercicio de derecho comparado en el que se encuentra la interpretación
de tribunales internacionales y la forma de aplicarlos al marco nacional.
Derechos ambientales:
Se refiere al disfrute
del ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar de las personas.
Bibliografía
consultada:
-Mac-Gregor
Poisot, Eduardo Ferrer. Derechos Humanos
en la Constitución. Comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana. I. SCJN,
UNAM y Konrad Adenauer Stiftung. Tomo I. México, 2013.
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